Los presupuestos van en el
camino contrario a la sostenibilidad vendida por el Gobierno
Se debería aprovechar para
implantar de una vez una fiscalidad energética y ambiental
No es sostenible incentivar
la quema del carbón almacenado por la falta de producción
La
semana pasada escribían
Gonzalo Sáenz de Miera y Miguel Ángel Muñoz, en mi opinión con mucho
criterio, sobre la Ley
de Economía Sostenible que prepara el Gobierno. Como ellos bien decían, la
propuesta de ley parece incluir elementos positivos, aunque desde luego parece
difícil cambiar el modelo productivo sólo con ella. Y sobre todo, parece mucho
más difícil hacerlo cuando, como en otras ocasiones, del dicho —propuestas de
ley— al hecho —la realidad de las normas concretas— hay tanta distancia. En
este caso me gustaría llamar la atención sobre dos hechos recientes que van en
contra de esta promesa de sostenibilidad, como son los Presupuestos
Generales del Estado que se han presentado en el Congreso, y el incentivo
a utilización de carbón nacional que se está
preparando en el Ministerio de Economía, posiblemente a resultas de
las promesas de
nuestro presidente.
Vamos con los Presupuestos
y la sostenibilidad económica. Generalmente se considera que una economía es
sostenible cuando, dicho de forma simple, es capaz de vivir de sus
rentas de forma sostenida, de forma que el bienestar obtenido por ellas
nunca disminuya. Por poner un ejemplo sencillo, mi economía doméstica es
sostenible si mis ahorros nunca disminuyen, sino que en todo caso aumentan: eso
supone que nunca me gasto más de lo que ingreso, incluyendo en este ingreso los
posibles intereses de mis ahorros.
Las rentas de un país a su vez provienen de sus...
Greenpeace
denuncia el comportamiento desigual de estas compañías en aquella región
Las
grandes multinacionales españolas no se comportan de la misma manera en España
que en los países de Latinoamérica. Así lo asegura un informe presentado hoy
por Greenpeace que analiza la actuación allí de algunas de las principales
compañías españolas en aquellos sectores más delicados para el medio ambiente o
los derechos humanos. "Aquí contamos aquello que no aparece en las juntas
de accionistas o en la publicidad", asegura Mario Rodríguez, director
de Campañas de esta organización. "Sólo queremos que operen por lo menos
en las mismas condiciones que en España, es lo mínimo".
Según
recalcan los ecologistas, las multinacionales españolas no son peores que las
de otros países y se podrían añadir otros muchos casos de impactos negativos a
los 43 recogidos por ellos. Estas son las principales compañías que salen en
el informe "Los nuevos conquistadores":
Repsol
YPF y los indígenas
En
el sector de los hidrocarburos (petróleo y gas), el informe repasa diferentes
denuncias contra la compañía española Repsol YPF. En Bolivia, Greenpeace
asegura que la petrolera española opera en el territorio del pueblo guaraní de
Itika Guasu, donde los indígenas se quejan de que la empresa realiza
actividades de explotación de hidrocarburos sin cumplir con el requisito de la
consulta previa, libre e informada a sus comunidades.
En Colombia,
Amnistía Internacional ha acusado a Repsol de financiar unidades militares para
proteger instalaciones, así como compañías militares privadas. En Argentina,
los ecologistas denuncian derrames tóxicos y vertidos por rupturas de
oleoductos, así como el peligro de intoxicación por la presencia de 3.000 pozos
abandonados y sin sellar en Comodoro Rivadavia.
En Ecuador,
más de 70 grupos ecologistas pidieron la expulsión de la compañía de la Amazonia tras un vertido
de 14.000 barriles, según Greenpeace, agravado por una cascada de negligencias.
Aunque el adjetivo sostenible cause en
algunos hilaridad, sigue siendo un concepto básico
Una Ley así resulta todo un reto, pero
los elementos anunciados van en buena dirrección
Estas medidas deberían acometerse en un
contexto de austeridad en el gasto público
A principios de septiembre el presidente
Zapatero comparecía ante el Congreso de los Diputados para explicar los planes
del Gobierno para sacar a España de la crisis económica por la que está
atravesando. Sin ánimo de entrar en la tormenta política, que por su
magnitud y violencia podría ubicarse en una escala entre tormenta tropical y
huracán, parece destacable un instrumento que se puso sobre la mesa, la Ley de Economía
Sostenible. A muchos, sólo el adjetivo sostenible les provoca una hilaridad
más o menos contenida que suele derivar en una denostación del elemento que lo
acompaña. Este fenómeno es el que se ha producido en muchos foros con la
mencionada Ley de Economía Sostenible
Es cierto que en los últimos años el concepto
de sostenibilidad ha estado muy manido y, en muchas ocasiones, se ha utilizado
para esconder oscuros intereses. No obstante, no por ello deja de ser un
concepto básico a la hora de desarrollar cualquier tipo de política económica.
Un modelo económico sostenible podría definirse como aquel en el que la
relación existente entre los sistemas humanos y ecológicos permite mejorar y
desarrollar la calidad de vida, manteniendo, al mismo tiempo, la estructura,
las funciones y la diversidad de los sistemas ambientales que sustentan la vida
(Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo. 1988). Es decir,
crecimiento con desarrollo, preservando los sistemas ambientales.
En términos generales, se puede considerar
que una economía tiene un crecimiento sostenible cuando es capaz de
satisfacer las necesidades económicas, sociales y ambientales sin comprometer
la capacidad de las generaciones futuras para cubrir las suyas. Este
concepto está lógicamente relacionado con la capacidad de gestionar y utilizar
los recursos de la economía de forma eficiente, el aprovechamiento de todo el
potencial de innovación ecológica y social que ofrece la economía, garantizando
un nivel de bienestar no decreciente, la protección del medioambiente y la
cohesión social.
La
consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, ha presentado en la localidad
onubense de Ayamonte el proyecto LIFE+ titulado 'Conservación y gestión en las
zonas de especial protección para las aves esteparias de Andalucía', que
destinará 8,6 millones de euros para la preservación de estas especies y la
mejora de sus hábitats en las campiñas cerealistas.
En
la actualidad, Andalucía es la región con mayor número de especies esteparias
de España, concretamente 25, de las que 15 tienen algún grado de amenaza.
Esta
iniciativa, solicitada por la
Consejería de Medio Ambiente y recientemente aprobada por la Comisión Europea,
contará con el apoyo de diversas entidades implicadas en la conservación de
estas aves, que en su mayoría se encuentran sometidas a algún grado de amenaza.
El proyecto dispondrá de una financiación comunitaria correspondiente al 55%
del presupuesto total.
La
contribución de la
Consejería de Medio Ambiente asciende a un tercio del total
del presupuesto, con 2,9 millones de euros, mientras que el resto corresponderá
al resto de beneficiarios asociados y cofinanciadores, como la Consejería de
Agricultura y Pesca, las asociaciones de agricultores Asaja, Coag y Upa, la Mancomunidad de
Municipios Valle del Guadiato, la asociación ecologista Seo/Birdlife y las dos
empresas públicas de Medio Ambiente y Agricultura, Egmasa y Desarrollo Agrario
y Pesquero.
Castillo
ha anunciado que la
Consejería de Medio Ambiente será el organismo encargado de
liderar las actuaciones incluidas en este programa. Entre los objetivos de esta
iniciativa se encuentran evitar o disminuir la mortalidad de las aves
esteparias que nidifican en los campos de cultivo cerealista (avutarda, sisón,
aguilucho cenizo, alcaraván, ganga ortega y canastera); incrementar su
disponibilidad de alimento, sobre todo en el crítico periodo reproductor, con
el fin de aumentar la productividad de las especies afectadas por este
problema. y contribuir a la diversificación del paisaje agrario.
